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| Pastor Josué Ovando y su familia. |
Josué Ovando es pastor evangélico, pero en lugar de predicar, vive prácticamente escondido en el domicilio de uno de sus hijos. Tiene miedo de que la furia de los católicos de San Rafael Tlanalalpan, un poblado de San Martín Texmelucan, Puebla, los lleve otra vez a tomar palos y gasolina para intentar lincharlo.
Desde el día de la intimidación, el 7 de septiembre, en la que participaron autoridades eclesiásticas y gubernamentales, no ha regresado a su casa. Tampoco ha vuelto a reunirse con las 17 familias de su congregación. Por si eso no bastara, está ahorcado por una deuda de 300 mil pesos. Su negocio de venta de calzado en abonos quebró, luego de que el sacerdote Ascensión González Solís, uno de los que encabezó la agresión, salió del pueblo por un acuerdo de paz firmado entre él y autoridades católicas.
"Mi venta de calzado es aquí en la población, y por el mismo conflicto la misma gente ya se negó a pagarme. Ellos atribuyen que yo saqué a su sacerdote", lamenta, "salgo con temor, mirando para todos lados".
Desde 1996, Ovando reside con su familia en Tlanalalpan, pero fue hasta 2008 cuando fundó la iglesia Roca Fuerte. Comenta que, sin hacer proselitismo, las familias comenzaron a asistir los miércoles, jueves y domingos a las congregaciones en su casa. La cercanía de su inmueble con la única parroquia del poblado, a 300 metros, considera, comenzó a molestarle al cura y desde su púlpito aprovechó para demostrarlo.
"Son hijos del diablo, se prestan a las mujeres, sacrifican a niños", decía el cura, según el relato del pastor.
El 10 de julio, el sacerdote acompañado de un pequeño grupo de fieles, se presentó en su casa cuando terminaba su celebración y, sin preámbulos, le exigió dejar la comunidad.
El pastor le explicó que tenía un registro ante la Secretaría de Gobernación y que la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público le permitía profesar su fe con libertad. Pero el cura, afirma, le advirtió que de no retirarse, tomaría otras medidas. Ovando le propuso otro lugar y fecha para dialogar, y el sacerdote aceptó recibirlo en su parroquia 10 días después.
"Nos reunimos por dos horas, pero nunca aceptó mis propuestas de respeto, tolerancia mutua. No aceptó nada y nos lanzó una amenaza de que no se hacía responsable de la sangre que corriera", cuenta.
El 7 de septiembre, el párroco cumplió su advertencia. Anochecía cuando González Solís acudió a su casa con unas 70 personas, entre ellas el presidente auxiliar de Tlanalalpan, Antonio García Ovalle.
Mientras el pastor y su congregación hacían sus alabanzas, el grupo comenzó a gritarles: "¡Salgan, no sean cobardes!". Iban armados con palos, machetes y gasolina, asegura.
Como no salieron, cinco del grupo, incluyendo el funcionario, ingresaron al inmueble con un ultimátum: "Tienen hasta el próximo lunes para abandonar el pueblo".
La intimidación, afirma Ovando, orilló a las 17 familias que conforman la Iglesia a esconderse en casas de familiares y amigos, incluyendo a la suya.
El líder evangélico se apoyó de la Alianza de Pastores de Puebla y consiguió una reunión con Mario Rincón, subsecretario de Gobernación de la entidad, donde se llegó a un acuerdo: él sería reubicado dentro de Tlanalalpan; el estado les proporcionaría seguridad a él y a los demás cristianos y el cura dejaría el pueblo. A cambio, él otorgaría el perdón al sacerdote, pues lo había acusado de amenazas ante el Ministerio Público.
Sin embargo, a la fecha, el único punto que se ha cumplido es la salida del clérigo. Ovando sólo pide que cumplan con lo prometido: que el Gobierno municipal lo reubique, que se le den garantías para congregarse con sus fieles y que se le repare el daño económico causado por este conflicto.
"Yo ya cumplí con esa parte: el domicilio está abandonado. Estoy esperando la reubicación por parte de Carlos Sánchez Romero, presidente municipal de San Martín Texmelucan. AcontecerCristiano.Net
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