“Nosotros somos evangélicos, entonces la ley nos ampara para no pagar por cosas que no son de nuestra religión”, contó Celestino Hernández, pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel. “Les dijimos que no íbamos a pagar y la gente se alborotó y dijeron ‘!A la cárcel!”.
Estuvieron ahí hasta el martes. Los católicos aumentaron la presión y les insistieron en que pagaran o si no, enfrentarían las consecuencias. “No por ser evangélicos tenemos menos derechos, no podemos pagar para una iglesia diferente”, dijo Cruz Hernández, otro pastor.
“Entonces, los citadores nos tomaron por la espalda y nos amarraron los brazos con un lazo” relató Celestino. Según su versión, los 38 fueron amarrados a las 12 columnas que hay en la cancha deportiva ubicada a la entrada de la comunidad. “Los hermanos estaban amarrados bien apretados, a uno se le abría la mano. No les dieron de comer, eso no era algo de Dios”, contó entre lágrimas Antonia, una de las evangélicas.
Los evangélicos no cedieron, por lo que fueron expulsados por la noche. Sus familias, temerosas de alguna represalia, salieron de la comunidad y se dirigieron al Templo de Huejutla, donde sus hermanos en la fe les ofrecieron alimentos y camas. Eran 165 en total, entre los que había unos 20 ancianos, más de 60 niños (algunos, con menos de un año de edad) y una embarazada.
“Hermanos: Dios es nuestro amparo en la tribulación, es quien nos salva de la tempestad”, dijo el pastor Celestino.
El viernes al mediodía el secretario del Ayuntamiento, Francisco Apellaniz Gandy, convocó a líderes de ambas religiones para llegar a acuerdos. En entrevista previa, descartó que se tratara de un conflicto por intolerancia religiosa y justificó que las autoridades no hayan impedido la expulsión.
“Aquí tenemos un conflicto social, de usos y costumbres y es muy difícil cambiarlos. Los evangélicos no quisieron cumplir con un acuerdo firmado para pagar su parte para trabajos en la comunidad. Aparte, se empezó a manosear esto por parte de gente ajena a la comunidad que les dijo a los evangélicos que no pagaran”, aseguró el funcionario.
“En estos conflictos medimos la situación y vimos que, si hubiéramos usado la fuerza pública, se hubieran tenido problemas más difíciles, hubiera pasado a mayores”, añadió.
El acuerdo realizado en Pahuatlán, en el que participaron el apoderado legal de la Iglesia Bautista Emanuel, Isaac Bermúdez García; el director de Asuntos Religiosos de la Subsecretaría de Gobierno, Antonio Vital Pérez así como Apellaniz Gandy, consistió en que los evangélicos pagarían su adeudo para las obras comunitarias y, de lo contrario, serán reportados ante las autoridades. Los católicos prometieron no tomar represalias.
Con este anuncio, la comunidad evangélica empezó el retorno a sus casas en Pahuatlán. Y por celular, esta vez, se enviaron otros mensajes: “La gloria y la honra para nuestro padre Dios. Nuestros hermanos ya están de regreso”.
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